(17-3-08)
- A falta de realizar el traslado al nuevo Puerta de Hierro de Majadahonda
la promesa de apertura de nuevos hospitales en Madrid, realizada por
Esperanza Aguirre en la pasada Legislatura, está casi concluida.
Llegado es el momento de un primer balance de situación y de
reflexionar sobre el futuro sanitario para los ciudadanos madrileños
y las expectativas profesionales y sindicales en la sanidad pública.
Como
para entender el presente es preciso recordar el pasado debemos hacer
memoria como la oferta hospitalaria del Partido Popular ( o de su
candidata en un momento de calentón propagandístico
) se produce en un momento, una vez conseguidas las transferencias
sanitarias, en que los dos partidos mayoritarios se embarcan en una
especie de subasta sanitaria donde el “yo más”
era lo único importante.
Se impuso una oferta sobre la otra y, sorprendentemente, la parte
contratante ha cumplido la promesa electoral ( y ampliado la oferta
para otros 3 nuevos hospitales más en esta legislatura ). Por
supuesto nadie levantó la voz pidiendo algo de racionalidad
en la subasta, ni en los partidos políticos, ni en los sindicatos,
ni en colegios profesionales, ni en asociaciones o foros sanitarios
se molestaron en pedir a los candidatos con posibilidades de dirigir
la Comunidad un debate sereno sobre las necesidades de los madrileños,
la financiación de los nuevos centros, los recursos humanos
que se necesitarían, los plazos razonables para poner en marcha
la nuevas infraestructuras sin que afectasen a las ya existentes,
…etc. En resumen, TODOS aceptábamos el juego y nadie
parecía preocupado sobre lo que pudiera pasar cuatro o cinco
años después. Como estamos acostumbrados a ver, la oposición
quiso centrar el debate ( política, vecinal o sindical ) solo
en las manidas formas de gestión de los nuevos hospitales.
Con
la iniciativa por delante, lo primero que se planteó el Gobierno
popular de la Comunidad fue como financiar la importantísima
inversión que suponían los nuevos hospitales y dio con
una variable interesante y perversa del modelo de fundaciones privados:
decidió que diferentes UTEs construyeran y financiaran la construcción,
a cambio recibirían un canon anual durante 30 años y
la gestión de los servicios y personal NO asistencial de estos
centros.
Esta figura administrativa legal, pues se enmarca en la Ley de Nuevas
Fórmulas de Gestión aprobadas en el Parlamento con el
voto favorables de PP y PSOE, le permitía al gobierno de la
Comunidad diferir y fraccionar el pago de los hospitales (una especie
de leasing institucional ) al mismo tiempo ( y esto es lo verdaderamente
perverso ) permitía a las UTEs gestionar durante años
los servicios NO ASISTENCIALES, es decir, los que exigen personal
menos cualificado, adscritos a convenios colectivos ajenos a los sanitarios
o de los servicios públicos ( por tanto más baratos),
mejor cuantificables a la hora de valorar la evolución de costes,
asociados a sectores productivos privados mutisectoriales, poco conflictivos
y que no sufren el desgaste de la tención al público
permanente de los servicios asinteciales.
En pocas palabras: los servicios económicamente rentables.
Por su parte la Administración se aseguraba la gestión
directa de los servicios asistenciales: los que precisan un personal
muy cualificado, con escasez en el mercado, donde los gastos anuales
suben sistemáticamente por encima del IPC ( una media del 6%
en los último 10 años ), muy castigado por el absentismo
laboral (20%) y donde se generan las lógicas tensiones con
los ciudadanos. Es decir los servicios donde el gasto difícilmente
se controla y donde existen escasez de recursos humanos cualificados.
Mientras
la oposición se desgastaba en una inútil campaña,
la asistencia a manifestaciones y las elecciones lo han demostrado,
sobre si gestión pública o privatizaciones sanitarias,
cuando lo que el ciudadano parecía querer era que le pusieran
un hospital a la puerta de su casa.
También
en el campo sindical se producían interesantes y transcendentales
transformaciones que culminaban en las últimas elecciones sindicales:
un SATSE mimado y potenciado desde la Consejería, junto con
un nuevo sindicato FEMYT, fruto de la unificación de los sindicatos
y movimientos médicos ( a lo que tampoco fue ajena la Consejería),
se alzaban con la mayoría de la representación y desplazaba
a los sindicatos de clase a la marginalidad en la mesa de sanidad,
incluso llevando a UGT a resultados cercanos al desastre.
Sin embargo, como todo es susceptible de empeorar, en los nuevos hospitales
los tradicionales semilleros de votos de los sindicatos de clase estarán
fuera de las elecciones en la sanidad pública (los servicios
no asistenciales ahora en manos de las UTEs ) y tendrán que
luchar contra los sindicatos profesionales por un segmento de votantes
que tradicionalmente llevan años dándoles la espalda.
Como brillante idea para mantener su presencia en la mesa de sanidad
( la económicamente más potente ) y seguir controlando
la negociación pública en la Comunidad de Madrid se
le ha ocurrido la peregrina idea de llevar toda la negociación
a la Mesa de la Función Pública, donde CC.OO., UGT y
el sindicato afín al PP, CSIT-UP controlan la negociación.
Apenas firmado el acuerdo la Consejería de Sanidad montaba
en cólera, espoleada por los sindicatos corporativos, y la
presidenta Regional debía dar marcha atrás. No están
los tiempos para que se le muevan las cosas en la sanidad pública.
¿
Por qué esta preocupación sobre la paz social en sanidad
? Porque la Presidenta sabe bien la situación crítica
a la que se enfrenta: falta de profesionales médicos y enfermería,
incorporación de tan solo un 50% del personal sanitario necesario
a los nuevos hospitales, petición de préstamos para
pagar las nóminas de la sanidad pública, , escaso entrenamiento
de algunos de estos profesionales que está provocando insatisfacciones
y recelo en los usuarios, preocupación en los viejos hospitales
de la red pública por los profesionales que se trasladan no
pueden ser suplidos y sobre todo porque entre los altos funcionarios
de la Hacienda Madrileña planea la amenaza de una bancarrota
autonómica en dos años por el insaciable gasto sanitario
y un mal momento de la economía internacional.
Para
colmo de males la sanidad privada sigue subiendo en Madrid, el informe
anual de consultora Aliad señala que el 32% de los madrileños
tienen doble aseguramiento o atención privada a través
de los sistemas MUFACE, ISAFAS, MUGEJU,… y que el número
de pólizas sigue subiendo cada año de una forma regular.
Hoy día es bien conocido que los grandes inversores institucionales
consideran al sector sanitario privado como uno de los valores refugio
seguros. Es decir, dos millones de madrileños desconfían
o dan directamente la espalda al sistema público.
Ninguna
de estas son buenas noticias. Es más, en un hipotético
futuro de crisis o desaceleración económica los sistemas
de protección social son básicos para los ciudadanos,
especialmente los más desfavorecidos. La sanidad pública
es junto a las prestaciones por desempleo el pilar fundamental para
poder paliar lo efectos negativos de la situación económica
y poner en línea de igualdad de oportunidades a los ciudadanos
para superar los malos tiempos. Mirar a otro lado será de poca
ayuda, utilizar la sanidad como herramienta del juego partidista será
suicida para unos y desastroso para todos. En nuestra opinión
se dan las circunstancias para que las fuerzas sociales, políticas,
institucionales y todo aquel que tenga algo que aportar o decir se
siente a abrir un periodo de reflexión y debate que siente
las bases de un pacto social que permita un futuro duradero y sostenible
a la sanidad pública y con unas reglas de juego que permitan
sacarla del campo de batalla politiquera.
