(16-6-08)
- Los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, preocupados por la situación
del sector inmobiliario en España, ven un nuevo mercado del
ladrillo en los paises del Este de Europa, y se lanzan a invertir
parte del Fondo de Pensiones de los Funcionarios. De esta manera se
equiparan a los grandes fondos americanos de empleados públicos.
¿Para qué invertir aquí en proyectos de futuro
que tanto cacarean?. Bonito ejemplo.
Expansión
.- El mayor fondo de pensiones español por número de
partícipes, con 555.036, ha comprometido ocho millones de euros
en un proyecto inmobiliario para diversificar el riesgo de su cartera
de activos.
El plan
de pensiones de los funcionarios de la Administración General
del Estado (AGE) ha entrado en el sector inmobiliario. Y lo ha hecho
a través de dos fondos de capital riesgo inmobiliario: Lazora
II y Azora Europa, que invierten en la compra de vivienda protegida
para alquilar a jóvenes, y a la coinversión con otras
promotoras en la compra de cualquier tipo de activo inmobiliario,
incluido viviendas en Europa Central y del Este, respectivamente.
Entre los
países que le interesan están Polonia, Rumanía
y Hungría. El plan de los funcionarios, el mayor de España
por número de partícipes con más de 500.000,
ha comprometido una inversión total de 8 millones de euros
repartidos a partes iguales entre estos dos fondos de capital riesgo
a través de BBVA Gestión.
Los dos
fondos de capital riesgo pertenecen a la gestora Azora, cuyos socios
son Concha Osácar y Fernando Gumuzio, ex directivos de Santander
Central Hispano, y que está presidida por Eloy Domínguez-Adame.
Azora cuenta con tres fondos bajo gestión con un capital de
700 millones de euros.
El objetivo
del plan de los funcionarios –gestionado por GPP, controlada
por BBVA y participada por CCOO y UGT– es llegar a tener un
5% de su patrimonio colocado en inversiones alternativas entre las
que figura el capital riesgo, cuyo peso previsto para 2008 es del
3%, porcentaje que ya ha alcanzado con la entrada en los vehículos
de inversión de Azora, en los que también están
ocho cajas de ahorros, como Bancaja, BBK, Caja Navarra y Caja Burgos,
entre otras; fondos de pensiones y grupos empresariales e inversores
privados.
Los funcionarios
creen que los activos de inversión alternativa permiten mejorar
la rentabilidad de estos productos, que incorporan una prima para
compensar su falta de liquidez, y diversificar el riesgo con productos
diferentes a la cartera tradicional.
Azora ha logrado atraer también al empresario gallego Amancio
Ortega, fundador de Zara, y a un grupo de inmobiliarias como Prasa,
Ballester y Lubasa. Manuel Jové, el fundador de Fadesa, también
ha entrado en Azora Europa.
Los países
del Este se han convertido en destinos habituales para las inmobiliarias
españolas tras la crisis del sector en España.
El plan de pensiones de los funcionarios cuenta con otras inversiones
en capital riesgo, área en la que se inició con la entrada
en Altamar, un fondo de fondos, y en Corpin, que compra pymes en España,
aunque con un volumen más reducido. El año pasado destinó
dos millones al fondo BBVA Capital Privado.
La legislación
que acaba de entrar en vigor y regula las inversiones de los planes
de pensiones ha abierto la posibilidad de inversión de estos
fondos en activos de capital riesgo. De esta forma, el sector se equipara
en España a los grandes fondos americanos de empleados públicos,
que son los principales compradores de capital riesgo, ya que representan
el 25% de la inversión total en estos activos. California Public
Employes (Calpers), el mayor plan de este segmento, destina el 6%
de sus activos a capital riesgo. El fondo de los funcionarios destina
el 70% de su activo a renta fija y el 30% a renta variable. El año
pasado su rentabilidad fue del 2,86% y del 4,54% en cada uno de los
últimos tres años.
El plan
cuenta con un patrimonio de 291 millones, repartido entre 555.036
partícipes. Las aportaciones en 2007 ascendieron a 74 millones,
según los datos de Inverco y las prestaciones a cinco millones.
Los promotores del plan son los ministerios, organismos y entes públicos
con empleados en activo, con la excepción de RTVE, Aena o Banco
de España. Los partícipes son los funcionarios de la
Administración Central con al menos dos años de antigüedad.
Los diferentes departamentos realizan una aportación anual
equivalente al 0,5% del salario pensionable.
