(2-9-08)
- Transcurridos 100 días y un verano, el balance del comienzo
de la segunda legislatura del Gobierno Zapatero no puede ser optimista.
Ha perdido la iniciativa política a pesar de su hiperactividad
y de la falta de oposición real, prisionero de sus propias
contradicciones y de una agenda pendiente desde la primera legislatura
que no sabe cómo abordar (1). A pesar de su amplia victoria
electoral el pasado 9 de marzo, se ha encontrado sin aliados parlamentarios,
a excepción del BNG. Los resultados de la encuesta del CIS
de julio no pueden ser más demoledores: se han evaporado los
seis puntos de ventaja que tenía, situándose en un empate
técnico con el PP (39,9% frente al 39,3%) y el 58,6% de los
encuestados consideran que su gestión de la crisis económica
es mala o muy mala, posición que comparte un 30% del propio
electorado del PSOE.
No
es este, desde luego, el balance que ha hecho el propio Zapatero.
Ante la Ejecutiva del PSOE ha respondido a las acusaciones de “inactividad
legislativa, derechización y ocultamiento de la crisis económica”
(El País, 29-06-08), asegurando que “la segunda etapa
del cambio ha empezado con buen ritmo”. Ha señalado tres
prioridades –alcanzar un pacto sobre la administración
de justicia con el PP, gestionar la crisis económica desde
el diálogo social y negociar un nuevo modelo de financiación
territorial-, al mismo tiempo que ha reafirmado su compromiso con
el contenido social de su programa electoral, porque “los planes
de choque del PP chocan siempre contra los trabajadores” (El
País, 22-07-08).
Además
de estas tres prioridades, otras dos se imponen: cómo articular
políticamente un nuevo pacto antiterrorista que no rentabilice
el PP, para dar cobertura a la represión de una ETA reactivada
y una izquierda abertzale ilegalizada; y cómo responder simultáneamente
al desafío del Gobierno vasco –su principal aliado en
la lucha antiterrorista-, con un Plan Ibarretxe que ha situado en
el plano político el derecho a decidir, apoyado por la mayoría
del parlamento vasco.
El
corto período de vacaciones estivales –marcado por los
Juegos Olímpicos y la crisis económica— ha terminado
en la práctica con el terrible accidente del vuelo JK 5022,
que puede convertirse a la vez en una metáfora y en un mal
augurio. Porque no es posible aislar las causas del accidente, que
aun se investigan, del plan de ajuste y reestructuración que
los propietarios de Spanair han aplicado a la compañía
para preparar su venta en un mercado internacional saturado de oferta
y doblemente erosionado en sus beneficios por los precios de los carburantes.
Para
recuperar la iniciativa, el Gobierno Zapatero necesita no sólo
dar respuesta a cada uno de estos cinco temas, lo que requiere un
sistema de alianzas asimétrico, sino evitar que las contradicciones
inherentes le aíslen, que su acción de gobierno quede
bloqueada y diezmadas y aventadas sus bases electorales por los efectos
de la crisis económica y de las cesiones ante la presión
de la derecha. Hasta el momento, y como muestran las encuestas, no
ha sido capaz de subvenir a ninguna de esas necesidades. Por otra
parte, la derecha social y el PP, una vez reinstaurado el liderazgo
de Rajoy en su congreso, cuentan no sólo con una capacidad
de movilización incontestable –demostrada ampliamente
en la primera legislatura y en estos 100 días—, sino
también con “paciencia, trabajo y esperar los efectos
de la crisis económica”.
La
naturaleza de la crisis económica
El
absurdo empeño mediático del Gobierno Zapatero de no
llamar a la crisis por su nombre no ha evitado una continua corrección
de sus previsiones de crecimiento del PIB: 3,3% en noviembre del 2007
para el Presupuesto del 2008; 3,1% en diciembre, tras su aprobación;
2,3% en abril, tras las elecciones; 1,6% este mes de julio. Ya se
anuncia un 0,1% para el 2009.
Todas
las cifras apuntan a un rápido deterioro. El paro ha subido
casi tres puntos hasta el 11%, igualando la peor tasa bajo el PP,
y se espera que alcance el 12,5% en 2009. La producción industrial
ha caído un 9,5%, hasta niveles de 1993. La venta de automóviles
se ha hundido un 30% anual; la construcción, un 16%. El déficit
comercial ha aumentado este año un 21,1%, hasta situarse en
el 6,1% del PIB. El endeudamiento familiar ha pasado en diez años
del 47% al 135%. Las familias tienen que dedicar el 46,2% de su renta
disponible a pagar las hipotecas, un aumento, en solo tres años,
del 10,2%. Mientras, la inflación sigue creciendo un punto
por encima de la media europea, hasta el 4,5%, dos puntos y medio
por encima del objetivo medio del Banco Central Europeo.
No
es de extrañar que tanto The Economist como The New York Times
consideren que el modelo de desarrollo neoliberal heredado del PP,
ladrillo y endeudamiento familiar como motores, se haya agotado. Pero
también que sea imposible sustituirlo en dieciocho meses por
otro más sensato, capaz de dar prioridad a la exportación
industrial y a la innovación (NYT, 14-08-08).
¿En
qué se funda la insistencia del Gobierno Zapatero en que nos
encontramos en una “fuerte desaceleración económica”,
pero no en una crisis o en una recesión? Evidentemente, en
el argumento técnico de que aún no ha habido un crecimiento
negativo de la economía española durante dos trimestres
seguidos. Pero también en la lectura que hace de los datos
de la crisis –como todas, no lineal—, y en especial, de
los beneficios de las empresas. Según el informe de julio del
Banco de España, los beneficios del sector no financiero aumentaron
en el primer trimestre de 2008 un 9,2%. Esta cifra sólo adquiere
todo su significado cuando se tiene en cuenta que las empresas españolas,
gracias a la globalización, obtuvieron los mayores beneficios
de su historia en 2007, hasta el punto de que las cinco mayores empresas
del IBEX 35 ganaron unos 30.000 millones de euros, equivalente al
2,82% del PIB, más que el superávit presupuestario en
su momento culminante (2,23%) (2). Junto a la inversión en
bienes de equipo, y a pesar de su relativa caída, los beneficios
siguen sosteniendo esa tasa de crecimiento del 1,6%, ligeramente superior
a la media de la zona euro. Cifras que explican, a despecho de la
caída del consumo, el aumento del déficit comercial.
Es esta lectura la que justifica la orientación ideológica
socio-liberal con la que el gobierno ha articulado su programa de
medidas anticíclicas como el único posible. No otra
es la opinión del Presidente del Grupo Santander, Emilio Botín,
para quien “el momento de desaceleración económica
durará hasta finales del 2009, pero no mucho más (…)
El país está mucho mejor preparado que hace años
cuando hubo otras crisis” (El País, 6-05-08).
A
pesar de las declaraciones sobre la solidez del sistema bancario español,
uno de los problemas más urgentes de la economía española,
como ha subrayado en varias ocasiones Pedro Solbes, es el de la financiación
de las empresas y, sobre todo, del sector bancario. Los bancos y cajas
de ahorro necesitan para cubrir los créditos concedidos al
sector de la construcción, el inmobiliario y las hipotecas
unos 63.000 millones de euros (5,8% del PIB). Una cifra que en 2009
podría llegar a los 90.000 millones. El mercado de cédulas
hipotecarias ha permitido en el primer trimestre de 2008 obtener una
financiación de 26.000 millones. Pero el grueso de la financiación
ha discurrido a través del Banco Central Europeo, hasta alcanzar
en julio la cifra extraordinaria de 49.300 millones, un aumento del
169%.
El
margen de estos mecanismos de financiación viene dado por la
morosidad, que se ha doblado en sólo dos años, pasando
del 0,7% al 1,7%. Aunque está todavía lejos de la zona
euro (2,5%), en 1994 la tasa de morosidad llegó en España
al 9%. Los analistas de la Deutsche Bank consideran posible que se
alcance de nuevo esa cifra en 2011, lo que, con una tasa de créditos
no recuperables del 30%, supondría unas pérdidas de
51.000 millones de euros. En la actualidad, las previsiones del sistema
bancario español son de 38.000 millones.
La
negativa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a reflotar
la inmobiliaria Martinsa-Fadesa ha puesto en primer plano el problema
de la capacidad de intervención directa del estado a la hora
de salvar a las empresas de construcción más expuestas.
La presión seguirá aumentando para que haya un cambio
de reglamento del ICO, a fin de permitir a éste la compra de
deuda del sistema bancario (3). En términos generales, en el
primer trimestre de 2008 el número de empresas creadas –33.767—
ha caído un 26%, mientras que el de empresas cerradas –8.530—
ha aumentado un 42,4%.
54
medidas para salir de la crisis
Un
cuadro tal despeja toda duda sobre el carácter estructural
de la crisis, sobre el agotamiento de un modelo económico explotado
hasta sus límites en estos trece últimos años.
A Zapatero le puede costar reconocerlo en los debates parlamentarios,
pero el Presidente del Banco de España es taxativo en cuanto
al tratamiento: “uso de medidas estructurales orientadas a mejorar
la eficiencia y la flexibilidad de la economía, así
como moderar costes y rentas excedentes” (El País, 6-05-08).
No
existe un consenso claro en el Gobierno Zapatero. De todos es conocido
que Solbes se resistió como gato panza arriba a la utilización
del superávit fiscal para medidas electorales –como la
famosa devolución de los 400 euros del IRPF— diseñadas
por el ministro de industria, Miguel Sebastián. Y que Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, que consideró
dicha medida “inútil”, se ha convertido en el sacerdote
supremo de la contención del gasto público en el 40%
del PIB (por debajo de la media europea del 48%). Mientras, Solbes
sigue ejerciendo de cancerbero de un equilibrio presupuestario más
rígido que el exigido por la UE, a pesar de que el déficit
público ya es del 0,19% del PIB y a finales de agosto se había
evaporado el superávit de 7.500 millones de euros de hace un
año. Es difícil, sobre la base de estas “ortodoxias”,
reclamar después al BCE una política de tipos de interés
más expansiva.
Las
54 medidas (véase el recuadro) han sido el resultado acumulativo
de tres paquetes, anunciados por el Gobierno Zapatero en abril, junio
y agosto de este año. Teóricamente deberían servir
para inyectar liquidez al sistema por valor de unos 18.000 millones
de euros. Algunas de las medidas son claramente modernizadoras y simplifican
el sistema administrativo y de financiación. Otras, como la
eliminación del impuesto de patrimonio o la devolución
de los 400 euros del IRPF, reducen la capacidad recaudatoria cuando
más falta hace y favorecen a las clases medias y medias altas.
Se contiene el gasto público mediante la reducción de
la oferta de empleo público (un 30% menos) y, finalmente, se
da una vuelta de tuerca neoliberal con el proyecto de privatización
parcial de los aeropuertos y la transposición de la directiva
comunitaria para la liberalización del sector servicios.
¿Hasta
dónde son creíbles las promesas de Zapatero de “no
dejar en suspenso ninguno de los compromisos sociales contraídos
en el programa (…) aplicando una política socialdemócrata
a las dificultades”? (El País, 2-07-08). Temas esenciales,
como el salario mínimo interprofesional, las pensiones o la
financiación de la Ley de Dependencia, serán la prueba
del algodón en los presupuestos del 2009, a votar en diciembre.
No
es posible olvidar, cuando la lógica de las 54 medidas no está
destinada tanto a aumentar el consumo como a sostener la liquidez
y los márgenes de beneficio de las empresas, que el gasto social
ha caído en España entre 1994 y el 2005, del 28,7% al
25,2% (cuando la media de la zona euro está ya en el 33,1%),
que el salario real medio ha disminuido en un 2,4%, que la deuda familiar
se ha triplicado y que el 8% de la población vive por debajo
del umbral estadístico de pobreza. Cuando lo que está
en cuestión es todo un modelo de desarrollo para la próxima
década, un programa de izquierda tiene que venir dictado por
la necesidad de aumentar la productividad con un incremento de las
rentas y del gasto social, ampliando el mercado interno mediante una
mayor capacidad de consumo.
Sin
embargo, no hay ningún programa que se sostenga sin la presión
social. Y esta depende en buena parte de la actitud de los sindicatos,
tanto en el llamado “diálogo social” como a nivel
de empresa. Con excepción de la movilización en defensa
del sector público – educación y sanidad, sobre
todo— contra la política privatizadora del gobierno del
PP en la Comunidad de Madrid, la actividad sindical es débil
y, en un año de congresos de UGT y CC OO, anda represada. De
hecho, la principal conflictividad social ha sido la organizada por
la derecha social a comienzos del mes de junio en el sector del transporte
por carretera y la flota de pesca de bajura, reivindicando subvenciones
estatales para el precio del gasóleo que utilizan (El País,
9 y 12-06-08).
La
presión desde la izquierda al Gobierno Zapatero tampoco es
significativa en el plano institucional. El PSOE ha sido capaz de
superar el voto en contra de la derecha en el Senado al techo presupuestario
del 2009. Pero en el debate en el Congreso antes del verano sobre
la situación económica fue evidente que la presión
esencial venia de la derecha nacionalista catalana y vasca, del PP
y, sobre todo de las grandes empresas del IBEX 35. Para aprobar los
presupuestos de 2009, el Gobierno Zapatero necesita 7 votos, además
de los propios. Parece contar ya con los 2 de su aliado en la Xunta
gallega, el BNG. Y el resto sólo puede obtenerlos, a base de
concesiones en la financiación del Estatut y en la negociación
del Concierto vasco, de CiU y del PNV. Como ha señalado Gaspar
Llamazares, diputado de IU, “la ceguera del Gobierno no es inocente”.
El
modelo de financiación autonómico
Tan
urgente, si no más, para el Gobierno Zapatero es construir
un consenso en torno al nuevo modelo de financiación de las
comunidades autónomas exigido por la reforma de sus estatutos,
en especial del Estatut de Cataluña. Un modelo que dé
respuesta al proceso de transferencia de competencias, muy especialmente
del gasto social, de modernización de las estructuras administrativas
e, inevitablemente, de las diferentes aspiraciones nacionales de autogobierno.
Esta combinación de problemáticas que se retroalimentan
y que exigen una nueva definición federal del estado de las
autonomías afecta, en definitiva, a la naturaleza misma del
estado.
El
Estatut de Catalunya exigía llegar a un acuerdo entre el Gobierno
Zapatero y la Generalitat antes del 9 de agosto. Pero amplios sectores
del PSOE, empezando por Felipe González, han pedido abiertamente
que no se negocie un nuevo modelo hasta que no se supere la crisis
económica. Sin embargo, como han reconocido todos los especialistas,
el actual modelo –del que está excluido el Concierto
económico vasco— es simplemente inmantenible: no recoge
la evolución demográfica desde 1999; distribuye territorialmente
de manera muy desigual los recursos por habitante, penalizando a las
Comunidades que hacen una mayor contribución fiscal por habitante;
y está creando un déficit fiscal que frena el desarrollo
de inversiones básicas para sectores económicos claves
(El País, 11-05-08). Cataluña, con una contribución
fiscal superior en un 35% a la media, recibe por habitante un 18%
menos (1.900 €), mientras que Extremadura, con una aportación
inferior en un 33%, obtiene por habitante un 24% más (2.500
€).
Frente
a esta realidad, hay un sector de la izquierda española que
considera esencial la defensa de la “caja única”
y que las “políticas redistributivas deben corresponder
solo al estado [central]”. Pero esta solución, que se
considera “simple”, no responde ya a la estructura del
sistema de competencias transferidas, ni, por arriba, a la Unión
Europea, ni, hacia abajo, a las Comunidades autonómicas y los
municipios. El ejemplo del Concierto vasco demuestra, con todas sus
peculiaridades, que son posibles mecanismos de redistribución
y gasto social más eficaces que la pretendida “caja única”,
la cual, por otra parte, quedará en papel mojado con la transposición
anunciada de la Directiva de Servicios.
El
problema de fondo al que debe responder la izquierda en el Reino de
España–y paralelamente en toda la UE (4)— es cómo
definir un nuevo modelo de estado en términos federales, capaz
de crear un consenso sobre la capacidad de autogobierno que amplíe
el horizonte de decisiones –lo que implica, en realidad, una
reforma constitucional—; que sirva de vehículo para una
redistribución territorial y social que permita alcanzar las
medias de la zona euro, lo que presupone presión social para
un cambio a la izquierda en la relación de fuerzas y un nuevo
pacto de solidaridad territorial; y que, al propio tiempo, responda
al reto de la modernización de las estructuras administrativas
que plantean las nuevas tecnologías de la información.
Por
ahora, el compromiso de cumplir el Estatut de Catalunya ha encallado
en una guerra de posiciones. El Tripartit de Progrés de la
Generalitat ha defendido el principio demográfico como eje
del nuevo sistema, la “nivelación territorial parcial”
–limitando la solidaridad a asegurar la financiación
de servicios básicos como salud, educación y servicios
sociales—, una transferencia de recursos, de acuerdo con las
competencias, superior al 50% entre administración central
y administraciones autonómicas, y una negociación bilateral
,primero entre Gobierno y Generalitat, abierta, después, a
una negociación general del sistema de financiación
con todas las autonomías. El President de la Generalitat, Montilla,
ha advertido del peligro de una “desafección catalana”
respecto del actual modelo de estado, si no se pone rápidamente
por obra el nuevo Estatut (El País, 10-05-08).
La
posición de la Generalitat se ha visto doblemente reforzada
por el apoyo del principal partido de la oposición en el Parlament
de Cataluña, CiU, y por la formación de un bloque inicial
con la Generalitat de Valencia, gobernada por el PP, y el Consell
de las Islas Baleares, en manos de una coalición de izquierdas.
Frente a ellos, se sitúan las autonomías, gobernadas
por el PSOE o el PP, que exigen que el criterio demográfico
sea matizado con criterios “cualitativos” (número
de personas dependientes, estado de la salud, dispersión y
envejecimiento de la población), y que en la “nivelación”
se incluyan sectores como la justicia, las infraestructuras, el empleo
o la vivienda. Porque como ha señalado el Presidente de Aragón,
Iglesias, “el tratamiento igual de situaciones desiguales, solo
perpetúa la desigualdad”.
A
pesar de las presiones y de las tentativas de negociación,
que han creado una fuertísima tensión interna en el
PSC –hasta el punto de especular con la ruptura de la solidaridad
de voto con el PSOE en los presupuestos, si no había antes
una solución satisfactoria para la financiación del
Estatut—, las ofertas de la administración central son
muy parciales. Las balanzas fiscales interterritoriales, exigidas
por los partidos catalanes a lo largo de toda la legislatura anterior
y prometidas una vez más para el 15 de julio (El País,
11-06-08), sólo han sido publicadas antes de las vacaciones.
Y sólo se ha anunciado un “posible” nuevo fondo
de convergencia interterritorial que sustituya al actual Fondo de
Compensación (FCI), que sólo supone el 1% del total
de la financiación comunitaria (El País, 15-05-08).
Como
todo debate sobre prioridades de utilización de recursos escasos,
también éste, al final, ha terminado por convertirse
en una riña de legitimidades, que podría, o acabar con
el Tripartit en Cataluña –ERC amenaza abiertamente con
ello—, o desvertebrar el sistema de alianzas territoriales del
PSOE como partido estatal, erosionando su base social. Y todo ello
sin descartar los efectos internos del asunto en un PP que asiste
también al enfrentamiento enre sí de los gobiernos autonómicos
por él controlados, aun a pesar de la disciplina que impone
la imperiosa necesidad de recuperar el gobierno central en 2012. Esta
contradicción la ha expresado mejor que nadie Solbes, al argumentar,
para no cumplir la fecha fijada por el Estatut, que “la Constitución
obliga a garantizar la financiación para todas las Comunidades
en todas las competencias compartidas y es una norma de rango superior
al Estatut” (El País,10-08-08).
A
medida que ha ido quedando atrás la fecha del 9 de agosto,
las acusaciones han ido subiendo de tono (5), hasta acabar en la solicitud
de una comparecencia extraordinaria en agosto de Zapatero en el Congreso.
La propuesta inicial del PP –que mantiene su recurso contra
el Estatut en el Tribunal Constitucional— no tenía ni
la credibilidad ni los apoyos necesarios para ser aceptada. Pero cuando
ICV (ecosocialistas), socio de IU en Cataluña, presentó
la misma iniciativa, la situación cambio radicalmente. Zapatero
solo pudo evitar el debate directo antes de la negociación
ofreciendo a la dirección de ICV el compromiso de alcanzar
un acuerdo satisfactorio en “tres meses”, antes de los
presupuestos, y la comparencia de Solbes. La finta de Zapatero a la
imprudente mezcla de bisoñez y zascandileo oportunista de los
dirigentes ecosocialistas catalanes ha roto temporalmente el frente
de todos los partidos catalanes, ha desplazado hacia fuera la línea
de fricción del debate, que atravesaba por la mitad al PSC,
y, no menos importante, ha logrado ganar tiempo. No mucho, porque
tres meses le obligan ahora a una negociación en la que se
juega no solo el consenso del modelo, sino la crisis terminal del
Tripartit, el reforzamiento de los partidos nacionalistas catalanes
CiU y ERC y un aumento de las exigencias de CiU en el debate presupuestario
para aprobarlo con sus votos, lo que sin duda no mejorará ni
la salud política del Tripartit ni la del PSC, para no hablar
de la de ICV.
La
comparecencia de Solbes en la Comisión de Economía del
Congreso el pasado 28 de agosto sólo ha servido para reiterar
posiciones conocidas, con mayor contundencia, si cabe. Frente a la
exigencia de negociación bilateral, Solbes ha reafirmado que
“no podemos poner en marcha el modelo catalán, si no
hay una nueva LOFCA (Ley orgánica de financiación de
las comunidades autónomas). A mí me plantearía
dudas constitucionales”. Y “si no es posible el consenso,
el Estado puede hacer prevalecer sus criterios” (El País,
29-08-08). Veinticuatro horas después, el propio Montilla señalaba
que el tono de Solbes no ayudaba a la negociación, advirtiendo
de que ni el PSC ni la Generalitat aceptarían un “mal
acuerdo”.
La
cuestión vasca
La
respuesta política del Gobierno Zapatero al fin de la tregua
de ETA ha buscado responder a tres desafíos. En primer lugar,
al de la propia ETA y su campaña de atentados, reforzando la
acción policial en colaboración con Francia y la policía
autonómica vasca, deteniendo a sus comandos y cuadros, aislando
social y políticamente al conjunto de la izquierda abertzale,
ilegalizada. En segundo lugar, al de la rentabilización por
parte del PP, antes y después de las elecciones de marzo, del
fracaso de la política de diálogo del Gobierno Zapatero,
reformulando el viejo Pacto antiterrorista PP-PSOE en un marco de
colaboración con todos los partidos del arco parlamentario,
en lo que cuenta con un amplio apoyo, de acuerdo con las encuestas
(75,2%, según el CIS de abril). En tercer lugar, lo que es
más complicado, al desafío de ofrecer un nuevo contexto
político en Euskadi hegemonizado por el PSE, y no por el PNV,
lo que sólo puede pasar por un gobierno vasco PSE-PNV sólo
constituible, si se consigue hacer naufragar el Plan Ibarretxe y su
proyecto de articular en la sociedad vasca un espacio político
totalmente separado de ETA que defienda el “derecho a decidir”
(la autodeterminación vasca).
En
el primer caso, los logros del Gobierno tras las elecciones, en especial
del ministro del interior, Rubalcaba (6), parecen significativos.
ETA ha conseguido atentar contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil
en Legutiano, causando un muerto y cuatro heridos, contra el Club
Marítimo de Getxo, contra edificios públicos el 1º
de Mayo, contra Construcciones Amenábar –que participa
en la construcción del AVE vasco— y, en la Costa del
Sol, contra la campaña turística. Pero ha perdido a
la dirección responsable de la ruptura de la tregua, con la
captura de Francisco Lopez Peña, “Thierry”, y de
otros tres liberados en Burdeos (EP 21-05-08), así como al
nuevo comando Vizcaya (El País, 22-07-08). La presión
judicial sobre los cargos electos de ANV y la izquierda abertzale
en general se ha acentuado, pero ha fracasado en buena medida la iniciativa
de mociones municipales del PSOE y del PNV contra los cargos electos
de ANV que no condenaban explícitamente los atentados de ETA.
Varios miles de simpatizantes de la izquierda abertzale han podido
manifestarse en Bilbao al comienzo de la Semana Grande, tras identificarse
sus convocantes ante el juez Grande-Marlaska (El País, 23-08-08).
Pero sus consignas y denuncias estaban más encaminadas contra
el Plan Ibarretxe que a ofrecer una salida política propia
más allá del resistencialismo.
Más
notable, si cabe, ha sido el éxito del Gobierno Zapatero en
cerrar su flanco antiterrorista a las críticas del PP. Ni antes
ni después de las elecciones, a pesar de las feroces intervenciones
de Aznar y de Acebes, ha habido un desplazamiento de la opinión
pública en contra del PSOE. Según los resultados del
CIS de abril, el 15,3% de los encuestados defendían una reedición
del Pacto Antiterrorista PP-PSOE frente a un 75,2% que quería
una nueva formulación de la política antiterrorista
que incluyese al conjunto de los partidos parlamentarios, también
del PNV. La ruptura de cualquier perspectiva de diálogo con
ETA y la represión contra la izquierda abertzale han dejado
sin espacio a las posiciones más duras del PP, como se ha puesto
de manifiesto en su Congreso. María San Gil, referencia indiscutible
de esas posiciones, no ha conseguido hacer de ellas un elemento central
de ruptura con la mayoría que apoyaba a Mariano Rajoy, ni siquiera
dentro del PP en Euskadi, a pesar de contar con el apoyo de Mayor
Oreja. Las tensiones alimentadas desde la derecha por la excarcelación,
tras cumplir sus condenas, del militante de ETA Iñaki de Juana
Chaos, han sido absorbidas desde el Gobierno con la promesa de convertir
en ley la llamada “doctrina Parot” de cumplimiento sucesivo
de las condenas por terrorismo.
El
tercer aspecto es el esencial, y el más complejo. Zapatero
ha intentado dividir al PNV y aislar así al Gobierno vasco,
sobre la base de un consenso que partiese de la prioridad de reprimir
a ETA y preparar el terreno para un gobierno conjunto entre el PSE
y el sector autonomista o moderado del PNV –representado por
Imaz—, creando las condiciones políticas de una amplia
reforma estatutaria como alternativa al Plan Ibarretxe. Los márgenes
de esta operación estaban dictados por la necesidad de mantener
implicado al Gobierno vasco en la represión de ETA y de la
izquierda abertzale y de sostener, al mismo tiempo, una larga campaña
electoral con el horizonte de una victoria electoral del PSE y de
Patxi López en las próximas elecciones vascas. La derrota
de Imaz y su sustitución al frente del PNV por Urkullu –alineado
finalmente con la opción política del lehendakari Ibarretxe—,
han terminado por priorizar la candidatura de Patxi López como
nuevo presidente del Gobierno vasco en la estrategia de Zapatero,
según se puso de manifiesto en el mitin de Baracaldo (El País,
12-05-08). Como ha señalado Urkullu: “tenemos ganas y
fuerza suficiente para echar el pulso que nos quieren echar y ganarlo
(…) si no muestra voluntad de acuerdo, es que quiere confrontación.
Y el PNV recogerá el guante”.
En
el encuentro entre Zapatero e Ibarretxe del pasado 20 de mayo, el
primero puso sobre la mesa su propia hoja de ruta: reforma estatutaria
a través del art. 17 del Estatuto de Gernika; negociación
con la administración central; refrendo de las Cortes; y ratificación
posterior por referéndum en Euskadi. La del Gobierno vasco
no podía ser más distinta: mantenimiento del objetivo
del final dialogado de la violencia, ejercicio del derecho a decidir
y la creación de un órgano institucional de coordinación
entre las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra (El País,
21-05-08).
En
definitiva, la cuestión política tras el fin de la tregua
de ETA es si se iba a retroceder a la situación política
anterior a ella, o si se mantenía la perspectiva política
puesta sobre la mesa en las conversaciones de Loyola entre el PSE,
PNV y Batasuna. Y si sobre esos acuerdos se podía construir
un nuevo espacio político, radicalmente separado de la violencia
de ETA, en el que sea posible defender el derecho a decidir (7). No
es de extrañar que la actividad central política de
la izquierda abertzale haya sido denunciar el Plan Ibarretxe como
una “maniobra electoralista” del PNV, porque la aislaba
en su ilegalización, pero que, al mismo tiempo, se viera obligada
a prestar un voto de EHAK para facilitar su aprobación en el
Parlamento vasco (El País, 27-06-08).
La
adopción del Plan Ibarretxe por el Parlamento vasco tropezó
inmediatamente con la decisión del Gobierno Zapatero de impedir,
por ilegal ,su primera consulta. Inevitablemente, ello implicará
la convocatoria de las elecciones vascas, probablemente en febrero
o marzo del 2009, en un marco de completa polarización entre
el PSE y el PNV, y con la izquierda abertzale ilegalizada (8).
La
búsqueda de consensos con el PP
La
oferta de alcanzar un Pacto de la Justicia con el PP que permita la
renovación del Consejo General del Poder Judicial –después
de año y medio de bloqueo— y del Tribunal Constitucional
responde al reconocimiento, por parte del Gobierno Zapatero, de los
límites de la actual correlación de fuerzas, de la presión
continua de la derecha –y de su reflejo en el interior del PSOE—
a favor de un “consenso constitucional” que establezca
una “líneas rojas” a cualquier proyecto de cambio
desde la izquierda. En definitiva, es difícil imaginar institucionalmente
cómo puede el PSOE abordar temas como la reforma de la ley
electoral, la reforma limitada de la Constitución o la ley
orgánica de libertad religiosa sin el consenso o, cuando menos,
la abstención del PP.
Pero
el motivo táctico más inmediato es romper con la dinámica
de movilización extraparlamentaria del PP, de la Iglesia Católica
y de la derecha social frente a una izquierda prácticamente
desmovilizada. El “giro al centro” pre-electoral se ve
reforzado por la gestión socio-liberal de la crisis económica,
y las presiones de las grandes empresas se suman a las de la derecha
más moderada a favor de un ambiente político menos tenso,
que evite alimentar una hipotética removilización de
la izquierda social disparada por la perspectiva de una victoria electoral
del PP en las elecciones municipales de 2011 y en las generales de
2012.
De
aquí que la propuesta inicial del PP en la negociación
para el Pacto de la Justicia fuera exigir un derecho de veto sobre
la aplicación del programa electoral del PSOE, como la investigación
de los asuntos penales por la fiscalía. El siguiente paso ha
sido una política de vetos contra el sector progresista de
la justicia, vetando al fiscal general Conde-Pumpido como presidente
del Tribunal Constitucional, con la excusa del veto socialista al
actual presidente Francisco Hernando para el CGPJ. En esos tiras y
aflojas es esencial para el Gobierno Zapatero asegurar una mayoría
capaz de rechazar el recurso del PP al Estatut de Catalunya. Pero,
por el momento, los acuerdos alcanzados se limitan al reparto de los
21 puestos del CGPJ entre PSOE y PP, reservando dos para PNV y CiU.
El PSOE ha condicionado hasta ahora cualquier acuerdo sobre otros
temas a la renovación previa de los dos órganos superiores
del sistema judicial.
La
presión de la derecha tuvo una cierta respuesta, por muy limitada
que pueda parecer, en el 37 Congreso del PSOE, celebrado en junio
en Madrid. La ponencia marco, con una orientación claramente
socio-liberal, se encontró con una avalancha de enmiendas por
la izquierda desde los congresos regionales en temas claves como la
laicidad, el aborto o la “flexiseguridad”. Caldera, coordinador
de la ponencia, tuvo que recordar en su estrategia de contención
que no se podía cambiar el programa cuatro meses después
de haber ganado unas elecciones. El Congreso puso las bases de un
cambio generacional en el partido y el Gobierno, expresado en la designación
como secretaria de organización de Leire Patín. Un cambio
que también influirá en la presión por removilizar
un proyecto de izquierda frente a la alternativa de un nuevo gobierno
del PP en el 2012, empezando por los feudos de la derecha de Madrid
y Valencia. La probable victoria del PSG y del BNG en las elecciones
gallegas, ampliando su mandato anterior frente al PP, debe ser un
acicate para ello.
Con
todo, la dificultad de cualquier lectura de la actual situación,
dominada por las contradicciones descritas y la desmovilización
de la izquierda social, se pone de manifiesto, por ejemplo, en el
tratamiento de la política migratoria. El nuevo Plan Corbacho
para el retorno de los emigrantes legales que se queden sin empleo
como consecuencia de la crisis –ofreciéndoles cobrar
en dos pagos la subvención completa de paro a cambio de no
poder volver a España en tres años— ha demostrado
hasta el momento no encontrar eco entre la población emigrante.
Pero tampoco entre el resto de la población, que lo rechaza
en un 67%, exigiendo una política más dura y restrictiva.
El
contexto europeo, en donde el Gobierno Zapatero se ha convertido en
una rareza de izquierdas y se han aprobado aberraciones como la Directiva
de Retorno o la de 65 horas de trabajo, amplifica la presión
de la derecha con el multiplicador de la búsqueda de consensos
para la Presidencia española de la UE en el primer semestre
del 2010 (9). Todo ello hace más urgente que nunca reconstruir
las condiciones de una removilización autónoma y unitaria
de la izquierda, por más difícil que pueda parecer,
para plantear a partir de ella una alternativa coherente a los cinco
retos descritos. Solo en el desarrollo de esa tarea sería posible
una refundación de la izquierda alternativa, ly la superación
de su actual ensimismamiento identitario.
NOTAS: (1) Véase: G. Búster, “Zapatero
II: peor de los mismo” (www.sinpermiso.info/?id=1806).
(2) Según los datos proporcionados en febrero del 2008, las
cinco principales compañías del IBEX 35 habían
visto crecer sus beneficios en un 27% en 2007. Telefónica había
aumentado los mismos en un 43%, con un volumen neto de 8.906 millones
de euros superior al de cualquier otro operador mundial, incluida
la AT&T. Los beneficios del sector financiero en el 2007 fueron
del 30,5%, equivalente a 25.707 millones de euros. Y a pesar de la
crisis, en julio del 2008 sus beneficios solo habían disminuido
frente a los obtenidos en la misma fecha en el 2007 en un 1,25%, atribuible
a la reducción de beneficios extraordinarios en ventas patrimoniales.
Los beneficios del Grupos Santander han sido de 4.730 millones de
euros (un 6% más que el año anterior). El BBVA, a pesar
de ver sus beneficios reducidos en un 7,8%, llega a la cifra de 3.108
millones de euros. El 60% de los beneficios del BBVA vienen ya de
sus inversiones exteriores. El sector energético, donde se
ha refugiado buena parte de los beneficios acumulados del sector constructor
e inmobiliario, obtuvo también importantes beneficios, como
Iberdrola (41%). La única excepción notable fue la de
Repsol-YPF, que como consecuencia de la devaluación del dólar
frente al euro, vio el crecimiento de sus beneficios situarse en un
2% (3.188 millones de euros) y no en el 14% que hubiera obtenido de
otra manera. (3) El porcentaje de los créditos de la banca
a los tres sectores mencionados es del 60% y el de las cajas de ahorro
del 70%. Ver El País, “El BCE bate otro record de financiación
de la banca española”, 15-08-08; y el informe de la Deutsche
Bank “Daily Economic Notes” de 19-08-08, “The Trials
and Tribulations of the Spanish Banking Sector”, elaborado por
Susana García Cervero. (4) Es evidente que las especificidades
históricas en la formación del estado, como la cuestión
nacional, marcan de manera muy directa el debate. Pero los aspectos
de modernización ligados a las funciones de unas administraciones
estatales y regionales que gestionan cerca del 50% del PIB tienen
un enorme impacto social. Mas cuando una parte muy importante de ese
presupuesto y de sus competencias están también transferidas
a la UE. La historia del fracaso de la “constitucionalización”
neoliberal de la UE, que ha terminado en el Tratado de Lisboa, es
una parte central de este debate. La necesidad de un nuevo modelo
de estado federal y más democrático, vertebrado en un
nuevo sistema de subsidiaridades esta presente en el Reino Unido (Escocia
y Ulster), Italia, Alemania o Bélgica de manera no menos acuciante
que en el Estado español. (5) De todas las declaraciones contra
la posición del Tripartit, hay que destacar las de Alfonso
Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso,
actuando de portavoz de los sectores mas “españolistas”
del PSOE: “La teoría de las balanzas fiscales es algo
predemocrático, de antes de la Revolución francesa (…)
eso que lo defiendan los grupos conservadores (…) no son posiciones
progresistas, tienen solo la etiqueta” (EP 19-08-08). (6) Tras
el asesinato del ex concejal del PSE en Mondragón Isaías
Carrasco antes de la elecciones del 9 de marzo, Rubalcaba advirtió
que “vamos a un ciclo largo de violencia” porque ETA “tiene
capacidad para hacer cosas” (EP 24-03-08). Con posterioridad
a la captura del Comando Vizcaya, Rubalcaba subrayaba como señal
de la eficacia represiva contra ETA que tras la ruptura de la tregua
del 2000, ETA había causado 23 muertos, mientras que tras el
fin de la tregua en junio del 2007 había asesinado a 4 personas
(EP 22-07-08). (7) Ver la intervención de Ramón Zallo
en la presentación de la plataforma ERABAKI de apoyo al Plan
Ibarretxe en Rebelión, 21-05-08. Según Urkullu, el portavoz
del PSE Eguiguren ya le anunció el 11 de febrero que: “no
retomaremos Loyola ni aunque Batasuna se rebele contra ETA”
(EP 9-06-08). (8) Una polarización y choque de legitimidades
que no impide que ambas partes mantengan una perspectiva de negociación
posterior. Y, lo que no deja de ser casi más sorprendente,
de separar la situación política en Euskadi del debate
presupuestario. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka,
se ha ofrecido ya a negociar el apoyo a los presupuestos del 2009
si se llega a un acuerdo sobre el Concierto vasco (EP 27-08-08). (9)
Ver G. Búster, “Reflexiones sobre la UE y la próxima
presidencia española en 2010” (www.sinpermiso.info/?id=1924).
