(3-10-08)
- 11 años después de la apertura de la sanidad pública
al capital privado gracias a la Ley 15/1997, aprobada por el PP, PSOE,
PNV, CC y CiU, la Comunidad de Madrid renueva su ofensiva contra los
servicios públicos.
“Conozca
las peculiaridades del nuevo pliego de condiciones administrativas
particulares del nuevo Plan y aproveche las oportunidades de negocio
para su empresa” con este lema presentó, en el hotel
Ritz de Madrid y bajo el módico precio de 1.200 euros por asistente,
la Comunidad de Madrid el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011.
Todo ello organizado por Unidad Editorial, empresa matriz de El Mundo,
Expansión y Marca, que en breve organizará otras conferencias
como Plan Sanitario horizonte 2015 en Cataluña o La Nueva Ley
de Contratos del Sector Público en la Generalitat Valenciana.
Un
acto patrocinado por Ribera Salud, compañía pionera
en la gestión privada de hospitales públicos desde 1999
en Valencia, y Atos Origin, consultora tecnológica con más
de 15 años en la sanidad española y que se ha visto
favorecida por la externalización de “la informatización
sanitaria que se ha dejado en manos del sector privado”, según
la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
de Madrid (FADSP).
11
años de unión PP-PSOE
Desde
que en 1997 se aprobara la Ley 15/1997 en el Congreso, con la única
oposición de IU, BNG y ERC, la sanidad se ha convertido en
una “inversión sin riesgo y garantizada durante décadas”,
denuncia la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública
de Madrid (CASmadrid). Diez años después se dejan notar
las consecuencias. Pero, en su afán privatizador, ni Esperanza
Aguirre ni el PP están solos.
Si
el PSOE apoyó la ley de 1997, un año después,
y en esta ocasión en el Senado, el Partido Socialista se opuso
a la transformación de los hospitales, por aquel entonces del
Insalud, en fundaciones privadas. Pero, tras la llegada al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero la legislación
no se ha cambiado. De hecho, el Ayuntamiento de Parla, encabezado
por el nuevo líder socialista madrileño, Tomás
Gómez, cedió en 2001 a la Comunidad el terreno para
uno de los nuevos hospitales con gestión privada. Una situación
que 11 años después se debatirá de nuevo en el
Congreso de los Diputados, a raíz de dos iniciativas de Izquierda
Unida. Aunque la coalición tampoco se libra de este proceso,
ya que a través de su participación en gobiernos como
los de Catalunya y Baleares también se ve salpicada por el
afán privatizador de la sanidad pública. En esta situación,
y bajo la modalidad de Iniciativas de Financiación Privada
se gestionan los centros de Bajo Llobregat (Catalunya) y Son Dureta
(Baleares).
Ni
mucho menos el verano ha sido de descanso. Tanto las protestas, como
el trabajo de los diferentes colectivos en defensa de la sanidad pública
no han cesado, ni el interés privatizador de la administración
‘pública’ de Aguirre. El 31 de julio la Comunidad
publicaba una resolución con las instrucciones para el nombramiento
y la contratación del personal temporal. Y con la excusa de
“la situación excepcional que se ha producido en la Comunidad
de Madrid con la apertura de siete nuevos hospitales”, han justificado
“el traslado de cargos a dedo sin pasar por tribunales, así
como la externalización de la mayoría del personal no
sanitario o el despido de trabaja dores con contratos por obra y servicio”,
explica Juan Antonio Gómez Liebana de CASmadrid.
Si
las protestas han recorrido diferentes zonas de la región,
el 23 de septiembre se unificaron y masificaron frente al hotel Ritz.
Un acto al que acudieron más de 3.000 personas, que denunciaron
“la venta de la sanidad pública” : cuatro nuevos
hospitales, las reformas de los hospitales más importantes
de la capital y más de 55 ambulatorios. Pero, en el interior
del hotel, la Comunidad no quiso soltar prenda sobre los nuevos ambulatorios,
según Adolfo García (PSOE), concejal de Rivas Vaciamadrid,
quien asistió al acto para informarse sobre las novedades del
nuevo centro que la Comunidad debería inaugurar en 2009 en
la ciudad ripense. “Al preguntarles por los nuevos ambulatorios,
nos respondieron que no nos iban a contar nada”, reconoce García.
Además, la Comunidad reconoció que no se ha evaluado
el rendimiento de los nuevos hospitales, pero que en los cuatro próximos
que se construirán se dará un paso más en el
proceso privatizador, las concesiones administrativas.
Además,
tras las reformas en el Gregorio Marañón, Ramón
y Cajal, Móstoles, La Paz y 12 de Octubre también se
privatizarán todos los servicios no sanitarios, como en los
últimos hospitales inaugurados. Mientras el Sindicato Asambleario
de la Sanidad puntualiza que el objetivo no es tanto vender los centros
de salud, sino modificar su función “de puerta de entrada
al sistema sanitario, a muro de contención y reducción
del gasto a través del recorte de los costes”, a semejanza
de situaciones que ya se viven en Catalunya o en la Comunidad Valenciana.
En el área de Torrevieja, ofrecen hasta 2.000 euros al mes
en incentivos al personal facultativo de atención primaria
en función de la reducción de las derivaciones a especialistas.
¿Más
calidad en la atención ?
“Los
hospitales más nuevos son los que más denuncias por
negligencia están sufriendo últimamente. La asistencia
no es la misma, no hay profesionales suficientes ni adecuados para
la cantidad de pacientes”, denuncia Carmen Flores, presidenta
de la Asociación el Defensor del Paciente. Según una
circular interna de la propia Consejería madrileña los
nuevos hospitales públicos (San Sebastián, Vallecas,
Parla, Coslada, Valdemoro, Arganda Aranjuez y Majadahonda) no tratan
en urgencias 18 patologías habituales como politraumatismos,
quemaduras de grado mayor o neurocirugías. Tras las primeras
atenciones, estos pacientes son trasladados a centros como La Paz,
12 de Octubre, Clínico y Ramón y Cajal.
Además,
estos ocho centros inaugurados tienen una media de 1,2 camas por mil
habitantes, muy lejos de lo recomendado por la Organización
Mundial de la Salud, entre 8 y 10. Incluso la tercera parte de la
media de la región madrileña que se sitúa en
3,48. “Además, los nuevos hospitales no han significado
un incremento ni de personal ni de camas. En los antiguos hospitales
se han reducido tanto camas como personal”, explica Gómez.
